Así surge de la respuesta que el subsecretarío Legal y Técnico le dio a la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante. Con el pliego licitatorio caído, el cuerpo avanzará en esa dirección.
El subsecretario Legal y Técnico del municipio, Mauro Martinelli, consideró “razonable” la continuidad de las actuales concesionarias del transporte público de pasajeros durante otros dos años o hasta que se adjudique una nueva licitación.
En un informe solicitado por la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, el funcionario desechó la posibilidad de que, como habían solicitado las empresas, la prórroga se realice por tres años. Afirmó que esa cláusula solo se podría haber puesto en práctica antes del vencimiento del contrato, el 19 de junio de 2019, y con una comunicación previa de seis meses a las transportistas por parte del municipio.
El gobierno de Carlos Arroyo extendió el contrato por dos años, hasta el 19 de junio de este año. Martinelli sostuvo que “no hay ninguna normativa legal que se oponga” a otorgar otros dos años o hasta la adjudicación de una licitación, “lo que suceda primero”.
Con el pliego caído, los concejales y el Ejecutivo avanzan en esa dirección. “El artículo 5 de la Ordenanza 16789 es claro cuando establece que la Municipalidad puede requerir a las empresas concesionarias que continúen con la prestación del servicio ‘una vez vencido el término de la concesión o producida la expiración anticipada de la relación contractual”, señaló el subsecretario.
Martinelli también se mostró de acuerdo en que el Concejo declare en emergencia al servicio. Consideró que “resulta a todas luces evidente” que desde marzo de 2020 “vio modificados los factores que inciden en su normal prestación en relación a la situación prepandémica”.
“Estos factores derivan en su totalidad de la pandemia declarada y están dados por las limitaciones a la circulación, la prohibición de usar el transporte público exclusivamente con personal cuyas tareas hayan sido declaradas esenciales y las limitaciones horarias para la circulación”, indicó.
Agregó que todo eso “alteró la prestación del servicio en las condiciones previstas contractualmente, sin perjuicio de lo cual las empresas “continúan con su prestación”. Detalló que la caída de pasajeros promedió el 70% y la de los subsidios “un 30%, mientras que los costos aumentaron. Por eso “no caben dudas de que el servicio está en emergencia”, apuntó. Y aclaró que no existe “ningún tipo de impedimento legal” para que el Concejo la declare.